Mientras el costo del combustible aumenta y las protestas de transportistas presionan al Municipio, Quito enfrenta nuevamente una discusión que afecta a millones de usuarios. ¿Cuánto debe costar el pasaje y qué calidad de servicio recibe la ciudadanía?.
El debate sobre el transporte público en la capital se intensificó tras el retiro de los subsidios a los combustibles y el fin de las compensaciones estatales al sector transportista. Según datos expuestos por el economista Julio Galárraga, coordinador académico de Economía de la UDLA, el precio del diésel pasó de USD 1,80 en agosto de 2025 a USD 3,10 en mayo de 2026, lo que representa un incremento del 72,2 %.
La situación ha puesto en el centro de la discusión el valor actual del pasaje de bus urbano, fijado en USD 0,35 para las operadoras privadas que trabajan bajo concesión municipal. En Quito circulan aproximadamente 3.000 buses privados agrupados en 60 operadoras, responsables de cerca del 75 % de los viajes diarios en transporte público, equivalentes a más de 1,5 millones de desplazamientos cada día.
El incremento de costos llevó a los transportistas a exigir una revisión tarifaria y a adoptar medidas de protesta en mayo, reduciendo horarios de atención y afectando la movilidad en horas pico. La problemática derivó en mesas de diálogo entre el gremio y la Alcaldía de Quito, entidad que, según el COOTAD, tiene la competencia de regular el transporte dentro del cantón.
Para Galárraga, uno de los principales problemas del debate es la falta de información clara sobre los costos reales de operación del sistema privado. “No se cuenta con cifras claras y transparentes sobre cuáles son los costos reales de operación de las unidades de transporte privado”, sostiene el académico.
El análisis plantea tres ejes centrales: costo, precio y calidad. Desde el punto de vista económico, el sector transportista tiene dos alternativas frente al aumento de insumos: absorber la reducción de ganancias o trasladar el incremento al usuario mediante una subida del pasaje. Sin embargo, el especialista advierte que sin datos verificables sobre costos operativos resulta complejo determinar cuál sería una tarifa técnicamente sustentada.
A esto se suma un cuestionamiento persistente sobre la calidad del servicio. Datos citados en el análisis indican que alrededor del 33 % de ciudadanos consultados en una encuesta de Quito Cómo Vamos, realizada en 2024, expresó insatisfacción con el transporte público debido a factores como inseguridad, mala atención y falta de limpieza.
Además, recientes siniestros de tránsito reactivaron las dudas sobre las condiciones operativas de los buses privados. Según cifras de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), cerca del 4,7 % de los vehículos involucrados en accidentes en Quito corresponde a buses.
“El debate no debe centrarse únicamente en el precio del pasaje, sino también en la calidad del servicio que recibe la ciudadanía”, señala Julio Galárraga en su análisis.
La discusión sobre el transporte público en Quito trasciende lo económico. En una ciudad donde millones dependen diariamente de buses y sistemas municipales para movilizarse, la definición de tarifas, subsidios y estándares de calidad se convierte en una decisión con impacto directo en la vida urbana, la gobernanza local y la confianza ciudadana.
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