La temporada de Impuesto a la Renta 2025 comenzó y con ella una cadena de obligaciones que, mal gestionadas, pueden costar miles de dólares a contribuyentes y empresas.
El reloj tributario ya está en marcha. Cada año, entre febrero y abril, ecuatorianos y empresas se enfrentan a la misma pregunta: ¿qué debo presentar?, ¿cuándo y cuánto debo pagar? La respuesta, más compleja de lo que parece, puede marcar la diferencia entre una declaración correcta y una multa innecesaria.
Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), el Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2025 debe declararse entre febrero y abril de 2026, dependiendo del tipo de contribuyente y del noveno dígito del RUC. Para las personas naturales en relación de dependencia, el plazo cae en marzo; para las sociedades, en abril. Un umbral clave: solo quienes superen los USD 12.081 en ingresos gravados netos están obligados a declarar y pagar.
El sistema tributario ecuatoriano cambió de manera sustancial para los trabajadores en los últimos años, y muchos aún no lo han asimilado del todo. A raíz de las reformas legales implementadas desde diciembre de 2021 y vigentes desde junio de 2023, desapareció la posibilidad de deducir gastos personales; como: salud, educación o alimentación, tal como se hacía antes. En su lugar, existe una rebaja calculada sobre la canasta familiar básica y el número de cargas familiares. Las cifras son reveladoras: un contribuyente que antes podía deducir hasta aproximadamente USD 15.000 en gastos personales hoy, con un promedio de dos cargas familiares, accede a una rebaja de apenas USD 1.580. El impacto en la carga tributaria efectiva de miles de familias es significativo. “Para acceder a la rebaja por cargas familiares es indispensable presentar el Anexo de Gastos Personales en febrero. Quien no lo hace, pierde el beneficio. Es un paso que muchos omiten por desconocimiento y que tiene consecuencias directas en el impuesto a pagar” comenta Juan Unapanta, director académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UDLA
Si para las personas naturales el proceso ya es exigente, para las sociedades la complejidad se multiplica. El Impuesto a la Renta corporativo activa una cadena de obligaciones conectadas: el Anexo de Empleados en Relación de Dependencia, el Anexo de Accionistas en febrero, el cierre contable, los estados financieros, el informe del auditor externo y el Informe de Cumplimiento Tributario (ICT), que debe entregarse hasta julio.
En el centro de todo está la conciliación tributaria, el proceso técnico que transforma el resultado contable en la base imponible sobre la que se calcula el impuesto. Implica identificar ingresos exentos, gastos no deducibles y, desde 2012, ajustes por impuestos diferidos derivados de la aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Como menciona Unapanta, “La obligación tributaria más relevante para una empresa no es solo compleja técnicamente; está directamente ligada al resultado financiero. Un error en la conciliación no es solo una multa, puede distorsionar la imagen de la compañía ante accionistas, bancos y reguladores”
En materia tributaria, el tiempo es tan importante como el conocimiento. Cumplir a destiempo o con errores activa intereses, multas e incluso procesos de determinación por parte del SRI. El sistema tributario ecuatoriano es complejo, cambiante y técnico; y esa complejidad tiene un costo concreto para quienes no están preparados.
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Juan Unapanta | Director académico de FACEA, UDLA
Experto en tributación corporativa, personas naturales y normativa SRI
