El reconocimiento constitucional de la justicia indígena en Ecuador incluye la garantía de participación y decisión de las mujeres, pero deja abierta una pregunta de fondo: cómo pueden las comunidades incorporar el enfoque de género desde su propia cosmovisión, sin que ello se reduzca a la traducción de estándares externos. Esta ponencia reflexiona sobre ese desafío en diálogo con la literatura sobre pluralismo jurídico e interlegalidad (Santos), vernacularización de los derechos humanos (Merry), feminismos indígenas y comunitarios (Hernández Castillo, Sieder, Paredes, Cabnal) y violencia de género (Segato). Se exploran cuatro tensiones. La primera es la distancia entre un universalismo que juzga deficiente a la justicia propia y un relativismo que la sustrae de todo escrutinio. La segunda es el carácter disputado de categorías como el sumak kawsay, que pueden leerse como complementariedad jerárquica o como convivencia sin violencia. La tercera es la tendencia a tramitar la violencia contra las mujeres como ruptura de la armonía comunitaria, lo que favorece la reconciliación forzada. La cuarta es quién nombra el daño y en qué lengua. A partir de la experiencia en procesos de reforma estatutaria con comunidades kichwa, se sostiene que una política pública intercultural debe acompañar, no sustituir, la construcción comunitaria.